Todo comenzó con una convocatoria en una cuenta de Instagram destinada a compartir memes, que llamaba a evadir el transporte público que subía en 30 pesos (0,042 dólares). Los autores no eran nada más ni nada menos que estudiantes secundarios del emblemático Instituto Nacional, la institución secundaria más antigua del país que ha visto pasar por sus aulas distintas personalidades que van desde presidentes de la República hasta actores de los distintos movimientos estudiantiles.

Esta institución ha estado en el debate público hace ya bastante tiempo. En los últimos meses estuvieron en el ojo del huracán por la ley de Aula Segura que buscaba, tal como su nombre lo indica, tener aulas libres de violencia, pero finalmente desde el gobierno terminaron reprimiendo a estudiantes, vigilando todo aquello que portaban en sus mochilas y expulsando a quienes consideraran disruptivos. La violencia policial se instaló en diversos liceos y el malestar estudiantil también.

Este movimiento se inaugura a partir del clamor y malestar de los estudiantes secundarios que han sido los protagonistas de las principales movilizaciones de la postdictadura. Ellos han sido el motor y los impulsores de las transformaciones del sistema educativo en Chile. Las movilizaciones estudiantiles secundarias comenzaron en su mayoría con demandas contra el transporte público.

El movimiento del mochilazo fue una movilización en 2001 que surgió porque el pase escolar (que rebaja el transporte de los estudiantes) se encarecía debido a una nueva tecnología con chips en las tarjetas y la implementación de máquinas y torniquetes en los buses públicos.

Estos pases escolares llegaron tarde y los estudiantes descubrieron que había otras caras y nombres en el reverso de sus tarjetas, de ahí el nombre de “raspa pase”. En 2001 fue la primera vez que en postdictadura vimos a jóvenes de 14 a 18 años protestando en las calles de Chile y organizándose a través de asambleas y con voceros.

Muchos autores y activistas afirman que el mochilazo fue el ensayo para el movimiento que vendría más tarde: el de los pingüinos en 2006. En estas movilizaciones los secundarios lograron relevar importantes demandas como el fin del sistema municipalizado (donde las comunas más caras concentran los mejores liceos públicos incrementando así la desigualdad). También exigieron la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) y el fin de las jornadas escolares completas.

En todas estas movilizaciones, el gobierno logró desestabilizar los movimientos gracias la criminalización de la protesta denostando al sujeto encapuchado, el eslabón más débil y el más violento. Los encapuchados se transformaron en el talón de Aquiles de los movimientos estudiantiles, donde la ciudadanía ya no apoyaba la lucha por mejor educación, o educación más justa. A través de desmanes e infiltrados en las protestas, la esperanza por un cambio se desvanecía.

Sin embargo, el movimiento que hoy pone en jaque el modelo neoliberal chileno no es únicamente estudiantil, sino que ha convocado a diversos sectores de la sociedad chilena, transversal en rango etario, regiones del país o niveles socioeconómicos.

Es un movimiento que en la forma se asemeja muchísimo más a las movilizaciones de Argentina en 2001, pero en el fondo es completamente diferente, porque revela un conflicto estructural. En Chile no se veían movilizaciones tan masivas y violentas en democracia, y el conflicto no parece terminarse en el corto plazo puesto que la institucionalidad no es capaz de resolver el problema ni interactuar con distintos actores de la sociedad civil.

Las exigencias de este gran estallido no pasan únicamente por deponer el alza del transporte subterráneo -que ya está en discusión en el senado-, sino por una gran cantidad de dimensiones que algunos autores denominan enclaves autoritarios de la dictadura, donde se privatizó la salud, la educación, el sistema de pensiones o el agua.

Las exigencias son tan amplias que también buscan terminar con la constitución, el endeudamiento, la violencia hacia el pueblo mapuche, acabar con las zonas de sacrificio o los bajos salarios. El malestar de la ciudadanía chilena no se oía en las calles, pero estaba latente y se observaba a diario en la rabia contenida de la gente a causa de la mala calidad de los transportes y las alzas constantes de la luz y los alimentos.

Puesto que, en la actualidad, un 74,3% de los chilenos gana menos de 500.000 pesos (alrededor de 700 dólares), mientras que los abusos y la corrupción de la clase política y económica eran conocidos por toda la sociedad chilena, pero las sanciones eran muy bajas. Basta con recordar los 7.000 pesos (10 dólares) que las empresas de papel higiénico devolvieron como compensación a todos los chilenos por el sobreprecio de sus productos.

Por su parte, los medios de comunicación chilenos y el gobierno, subrayan insistentemente los actos de violencia, la quema de estaciones de metro y buses y saqueos en diversos locales del comercio. Se insiste en la criminalización de la protesta de cualquier tipo, desde aquellas pacíficas hasta las más violentas. Se condena particularmente al encapuchado vandálico que destruye estaciones de metro y roba, olvidando la constante infiltración de policías en las protestas para causar disturbios y desinformación que han sido pan de cada día en las protestas estudiantiles.

Académicos, como el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, legitima este discurso diciendo que “las nuevas generaciones están huérfanas de orientación ideológica y presas de sus pulsiones”, generalizando sobre la juventud y suponiendo que todos los activistas de este movimiento son violentos y sin ideales.

Esto no significa que no existan encapuchados ni sujetos violentos en las protestas. El encapuchado, por lo general, proviene de sectores vulnerables y se encuentra en los márgenes, no tiene expectativas de futuro y ha sido despolitizado a partir de la necesidad y la carencia.

Es un joven que no cuenta con espacios de sociabilidad con sus compañeros como teatros, parques o plazas, y su espacio de esparcimiento termina siendo el mall, donde encuentra todo aquello con lo que sueña porque el modelo se lo ha instalado. Por lo tanto, en este estallido pueden acceder a todo aquello que tienen vetado a diario.

Por otro lado, también hay jóvenes que rechazan la política institucional y quieren un cambio estructural a partir de una situación límite. Jóvenes que no creen y desconfían de las instituciones. Otros jóvenes son activistas, de organizaciones de todo tipo, ecologistas, animalistas, políticas o simplemente activistas que resuenan con las demandas de este movimiento y que sueñan con un país más justo.

Así es como, para controlar la situación el gobierno se tomó la libertad de declarar Estado de Emergencia y declarar toque de queda en las principales ciudades del país por 15 días, desde las 19 hrs hasta las 6 de la madrugada. Esto dio libertad plena a los militares para salir a las calles y reprimir un sinfín de barricadas, movilizaciones espontáneas y cacerolazos en diversos puntos del país.

La violencia de los saqueos, ha generado miedo en sectores de la población que se han organizado en un contra movimiento de chalecos amarillos que busca proteger y amedrentar a posibles saqueadores. Estos son grupos de vecinos de clase media, organizados en patrullas o como vigilantes, y que se informan constantemente a partir de plataformas online como whatsApp.

Efectivamente, se han realizado diversos actos de violencia que van desde destrucción de transporte y estaciones, hasta la destrucción de infraestructura pública como semáforos o señaléticas, pero también se han realizado muchas movilizaciones pacíficas con cacerolazos.

El problema es que un conflicto que podría haber cesado con un poco de mesura y de diálogo con distintos sectores políticos y activistas, escaló a niveles insospechados a causa de un presidente incapaz de hacer una autocrítica y expresa un discurso de guerra.

Al 22 de octubre ya hay 15 civiles muertos en las movilizaciones sin nombre ni rostro, y distintas organizaciones ya han convocado a un paro nacional para el día lunes y una huelga nacional para el día miércoles, pidiendo un pacto social no desde las elites políticas y desde arriba, sino desde el pueblo, y exigiendo una asamblea constituyente junto con medidas que van desde del fin de las AFPs, aborto gratuito y libre, hasta el aumento del salario mínimo y derogación del código de aguas.

En definitiva, el modelo chileno que se vendía tan bien en el exterior finalmente mostró su real cara. Los chilenos se cansaron de abusos sostenidos y de mentiras de la clase política.

El endeudamiento de los chilenos es desmesurado, las pensiones no alcanzan para una vida digna y los precios no corresponden a la media de salarios. Por lo tanto, el reclamo por el aumento del pasaje era solo una excusa para expresar todo aquello que estaba contenido y que requiere ser resuelto con diálogo de diversos actores sociales y sin militares de por medio.